Miles de trabajadores en Texas son remunerados por debajo del salario mínimo, lo que le cuesta a cada persona 4,000 dólares al año, en promedio, y ha significado más de 12,000 millones de dólares en pérdidas en los últimos 14 años. Estas son algunas de las conclusiones de una investigación realizada por el Workplace Justice Lab de la Rutgers University, que contó con el apoyo del Workers Defense Project en Austin.

El estudio “Robo de salarios en Texas: Violaciones del salario mínimo y aplicación de la Ley del Día de Pago, 2009-2022” estima –con base en datos oficiales– que son tres millones de personas las que han sufrido esta violación salarial en ese periodo. Esta multitud equivale al 3% de toda la fuerza laboral del Estado y al 11% de quienes reciben un salario bajo. Las principales personas afectadas han sido migrantes y mujeres hispanas. Esto ha provocado que las víctimas se encuentren por debajo de la línea nacional de medición de la pobreza.

Las violaciones se han dado principalmente en ciudades fronterizas con México: las diez áreas metropolitanas donde se han presentado más casos de robo salarial son, en orden: Laredo; McAllen-Edinburg-Mission; Victoria; Brownsville-Harlingen; El Paso; Midland; Tyler; Austin-Round Rock; Beaumont-Port Arthur y College Station-Bryan.

Otro de los principales hallazgos es que el robo salarial es persistente y común en todo el Estado, por lo que la Texas Workforce Commission ha batallado para actualizarse con los reclamos de los trabajadores y el cobro a los empleadores, señaló a El Mundo Newspaper, Jake Barnes, uno de los cuatro autores del estudio de la Rutgers University.

“Encontramos que, mientras 99 millones de dólares en salarios fueron ordenados entre más de 57,000 casos del 2010 al 2020, alrededor de 78 millones todavía no son recibidos por los trabajadores, por lo que, de ese dinero que la Texas Workforce Commission encontró que se le debe a los trabajadores, al menos el 80% no lo han recibido”, refirió Barnes, también investigador de la School of Management and Labor Relations de la Rutgers University.

Estos últimos datos fueron proporcionados por la Texas Workforce Commission tras una solicitud de información pública. Barnes refiere que, aunque le presentaron sus hallazgos para generar un diálogo, no recibió respuesta de parte de la agencia pública estatal.

Las principales industrias donde se han dado estas infracciones han sido: hogares privados –personas limpiadoras, cuidadoras de niños–; servicios de alimentos y bebidas –meseras y cocineras– y servicios personales y de limpieza –estilistas, cosmetólogas y profesionales de la apariencia personal–. Entre todas las industrias, las más altas violaciones de salario fueron contra meseras; asistentes de maestro; personal de limpieza en casas; cuidadoras de menores; trabajadoras de mantenimiento; asistentes de cuidado en casa y personal; cocineras; y limpiadoras de sanitarios y edificios.

Las personas no ciudadanas –entre residentes, asiladas o con permiso de trabajo– tuvieron 68% más posibilidad de sufrir robo de salario mínimo que las ciudadanas; las mujeres, un 66% más frente a los hombres; las mujeres hispanas un 62% más que los hombres blancos ciudadanos; y en general las personas hispanas un 27% más que las blancas.

“Generalmente encontramos que estos trabajadores son frecuentemente quienes tienen miedo de hablar debido a la exposición a organismos gubernamentales, que los asocian con la deportación. Son trabajadores que con frecuencia ya se encuentran en estado de vulnerabilidad y desafortunadamente son el objetivo de los ladrones de salario”, explica Barnes.

El académico refiere que esta situación puede ser la ‘punta del iceberg’, pues la investigación se concentró en el salario mínimo por tener datos fuertes para poder estimarlo, pero también se podrían estudiar otras cuestiones, como las violaciones laborales a las leyes de seguridad o de salud, o la falta de pago de las horas-extra.

Además de poderse incrementar el presupuesto de la Texas Workforce Comission para tener más capacidad de atención y procesamiento de reclamos, Barnes sugiere que podría cooperar con diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los trabajadores que tienen base en el Estado, para construir programas que certifiquen a los observadores laborales y que generen confianza entre las personas para que puedan denunciar algún abuso o violación a cualquier norma laboral.

EL DATO

El Workers Defense Project ofrece servicios legales laborales para ayudar a personas trabajadoras a presentar su caso ante la Texas Workforce Commission.